LAUDO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020,

La Cámara de Comercio a través de uno de sus tribunales de arbitraje, resolvió una controversia entre el asegurado de una PÓLIZA DE SEGURO MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES (producto enfocado a empresas y/o entidades del sector Estatal el cual protege a la entidad o empresa asegurada contra los riesgos que impliquen menoscabo de fondos y bienes causados por sus servidores públicos), ante la negativa de la SEGURADORA DE PAGAR LOS PERJUICIOS sufridos por el asegurado producto de la ocurrencia de unos eventos fraudulentos. 

Al respecto, el asegurado convocante pretendió interrumpir la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro por medio de la presentación a la aseguradora de dos comunicaciones:

1. una en la que describió los hechos fraudulentos, informó la fecha de descubrimiento y requirió la interrupción de la prescripción con fundamento en el artículo 94 del CGP y;
2. otra en la cual se dio aviso del siniestro y se presentó una relación detallada de los eventos fraudulentos y los perjuicios sufridos. 

Frente a la primera comunicación, el Tribunal consideró que era de carácter general pues no tenía una descripción detallada de la obligación reclamada y no mencionaba la cobertura del seguro afectada ni la cuantía de la pérdida; razón por la cual desestimó su vocación de interrumpir la prescripción al afirmar que: “las comunicaciones de contenido general dirigidas al deudor, en las que no se indica con precisión la obligación cuyo pago se reclama, no producen el efecto de interrumpir la prescripción”.

De otro lado, el Tribunal concluyó que el aviso de siniestro no puede surtir el efecto de interrumpir la prescripción pues su finalidad difiere de la de un requerimiento de pago. En ese sentido indicó que: “el “aviso de siniestro” únicamente constituye un acto de comunicación en el que se le anuncia al asegurador que se han presentado determinadas contingencias que podrían afectar los amparos de la póliza, pero no es en sentido estricto un requerimiento de pago”. 

Y reiteró que, el requerimiento escrito que tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción es aquél que detalla la obligación reclamada y exige que sea asumida por el deudor: “Al respecto, y como ya lo ha señalado el Tribunal, la doctrina nacional ha explicado que, para que una comunicación sea considerada como requerimiento privado del acreedor al deudor que produzca la interrupción de la prescripción, esta debe hacer referencia a la obligación cuyo pago se solicita, en forma concreta y precisa y contener la exigencia de que dicho débito sea satisfecho, lo que no se cumple con misivas de carácter general o de tipo informativo”.